Qué es y qué protege el Acuerdo de Escazú
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El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental y derechos humanos de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo con disposiciones específicas para proteger a las personas y comunidades que defienden la naturaleza. Su nombre oficial es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Garantiza tres derechos que se refuerzan entre sí: saber qué pasa con el ambiente, decidir sobre los proyectos que nos afectan y exigir justicia cuando se vulneran nuestros derechos. A ellos suma un cuarto compromiso: proteger a quienes alzan la voz.
Escazú no es solo un tratado internacional. Es un escudo para quienes arriesgan su vida por nuestros bosques, ríos y territorios.
De Río+20 a hoy
2012
En la Conferencia Río+20, países de la región se comprometen a crear un instrumento regional sobre el Principio 10 de la Declaración de Río.
2014
Inicia la negociación formal, con participación del público como pocas veces en un tratado.
4 mar 2018
Adopción del texto en Escazú, Costa Rica.
27 sep 2018
Apertura a la firma en la sede de Naciones Unidas, Nueva York.
22 abr 2021
Entrada en vigor, en el Día Internacional de la Madre Tierra.
2022–2024
Primeras Conferencias de las Partes (COP1 y COP3 en Santiago, COP2 en Buenos Aires). [Dato por validar]
Abr 2026
COP4 en Nassáu, Bahamas: avances en el Plan de Acción sobre Personas Defensoras y nuevos grupos de trabajo.
Los cuatro pilares del Acuerdo
Acceso a la información (Arts. 5 y 6)
Toda persona puede pedir y recibir información ambiental sin tener que explicar por qué la necesita. Los Estados deben responder en plazos definidos, de forma gratuita o a bajo costo, y publicar activamente información sobre el estado del ambiente, los permisos otorgados y los riesgos.
Ejemplo: una comunidad puede solicitar el estudio de impacto ambiental de una mina antes de que empiece a operar.
Participación pública (Art. 7)
Las comunidades tienen derecho a participar desde las primeras etapas en las decisiones que afectan su entorno: proyectos, ordenamiento territorial, políticas y normas. La participación debe ser abierta, inclusiva, en lenguas comprensibles y con información previa suficiente. Lo que se dice debe ser tomado en cuenta.
Ejemplo: audiencias públicas en la lengua de los pueblos indígenas afectados por una represa.
Acceso a la justicia (Art. 8)
Cualquier persona puede impugnar ante tribunales o instancias administrativas una decisión que dañe el ambiente o niegue sus derechos de acceso. Los procesos deben ser imparciales, oportunos y asequibles, con medidas cautelares y reparación del daño.
Ejemplo: frenar con una medida cautelar una tala ilegal mientras se resuelve el caso.
Personas defensoras (Art. 9)
Los Estados deben garantizar un entorno seguro para quienes defienden el ambiente, reconocer y proteger sus derechos, y prevenir, investigar y sancionar cualquier ataque o amenaza contra ellas.
Un acuerdo para toda la sociedad
Escazú beneficia a todas las personas, con atención especial a quienes históricamente han quedado fuera de las decisiones ambientales:
- Pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes
- Comunidades rurales y campesinas
- Mujeres lideresas y defensoras
- Juventudes y niñez
- Personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad
¿Quién vigila que se cumpla?
Conferencia de las Partes (COP)
Reúne a los Estados Parte para tomar decisiones sobre la aplicación del Acuerdo.
Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento
Órgano de personas expertas que acompaña a los Estados para que cumplan sus compromisos.
Mecanismo Público Regional
Espacio administrado por la CEPAL por el que cualquier persona puede inscribirse y participar.
Representantes electos del público
Personas elegidas por la sociedad civil para llevar su voz a la Mesa Directiva.